Síguenos en:

Introducción a Cámaras de Comercio

Naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio

Las Cámaras de Comercio en Colombia, como delegatarias legales de funciones públicas se constituyen en un modelo de colaboración público – privado a través de las cuales se realizan los fines constitucionales de promoción de la prosperidad general del empresariado, de la libertad de empresa como base del desarrollo nacional, de solidaridad y de participación en la vida económica nacional.

Las Cámaras de Comercio, son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión y contratación al  derecho privado, las cuales tienen como fines defender y estimular los intereses generales del empresariado en Colombia, y llevar los registros mercantil, de las entidades sin ánimo del lucro y el registro único de proponentes delegados legalmente, sin que formen parte integrante de la administración pública ni al régimen legal aplicable a las entidades que forman parte de la misma.

Las Cámaras de Comercio estarán sujetas en sus actos de administración, gestión y contratación, a las normas de carácter público que les sean aplicables a los particulares que ejercen funciones administrativas por delegación legal, cuando así se disponga expresamente en las mismas, la cual tiene diferencias con la aplicable a los delegatarios de funciones públicas en virtud de un contratos o un acto administrativo, las cuales que deberán ser tenidas en cuenta por tratarse de normas de aplicación restrictiva y exegética.

La conformación del patrimonio de las Cámaras de Comercio

Las Cámaras de Comercio tienen un solo patrimonio y conforman un solo presupuesto (arts. 93 y 91 del C. de Co.) el cual se encuentra afecto sin limitación alguna a todas las funciones definidas por las normas legales y reglamentarias, aspecto el cual corresponde en un todo a la identidad legal definida por la ley para las corporaciones sin ánimo de lucro a cual pertenecen las mismas, cuya característica esencial es la de personificar un patrimonio afecto a los fines que hayan definido los miembros de la corporación en sus estatutos, y en presente caso, en las normas legales y reglamentarias expedidas por el Congreso de la República en ejercicio de su libertad configurativa en materia legislativa administrativa y tributaria, y por el Presidente de la República como máxima autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias en las cuales conforme al artículo 637 del Código Civil “lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la compone”.

En consecuencia, los ingresos de las Cámaras de Comercio – tanto de origen público como de origen privado - no son recursos de los cuales pueda predicarse propiedad particular alguna por parte de los comerciantes matriculados y afiliados que integran las mismas, ni por parte de sus administradores y funcionarios, estando todo su patrimonio afecto a las funciones  de carácter permanente definidas para las mismas por las leyes y los decretos reglamentarios de las mismas dirigidas al pago de todos los gastos propios de la Cámara con origen en la ejecución de sus funciones tanto registrales delegadas, como en la defensa y estimulo del  sector empresarial y comercial de la economía, y a la defensa de intereses comunes de sus miembros.

Alcance de la vigilancia fiscal de la Contraloria General de la República sobre las funciones de las Cámaras de Comercio

En consecuencia con la normatividad vigente de carácter legal y reglamentario vigente para las Cámaras de Comercio en materia financiera y contable y en un todo de acuerdo con el principio de legalidad en materia fical, se reitera la instrucción impartida a través de la Circular 85111 del 22 de octubre de 2008 en la cual se expresó que los recursos percibidos por las Cámaras de Comercio pueden ser utilizados en el cumplimiento de todas sus funciones  asignadas, debiendo sus registros contables reflejar la separación de ingresos y gastos públicos y privados sin que haya lugar a considerar en ningún caso, que el inadecuado registro constituya por si solo detrimento patrimonial que pueda dar lugar a investigaciones de carácter fiscal, sino solamente a hallazgos de carácter administrativo que deben ser considerados en los respectivos planes de mejoramiento a la luz de la legislación vigente.

Para efectos de determinar los alcances de la vigilancia fiscal por parte de la Contraloría General de la República sobre la destinación de los ingresos de origen público que son percibidos por las Cámaras de Comercio como producto de las funciones registrales que les han sido delegadas legalmente, y de los demás ingresos provenientes de las funciones que les han sido asignadas legal y reglamentariamente, una función será tenida como pública o privada, según se haya ejecutado con recurso público o privado y en la proporción correspondiente según sea el caso.

Tal aspecto deberá reflejarse contablemente de conformidad con el Manual de Principios, Reglas, Procedimientos y Clasificación de los Ingresos y Gastos de Origen Púbico y Privado de las Cámaras de Comercio aprobado en el año 2005, cuya ratificación de vigencia y alcance se hiciera por medio de la Circular 009 del 11 de 0ctubre de 2007 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cual se encuentra incorporada en la Circular Unica de la misma, dictada en ejercicio de sus facultades legales máximo ente de vigilancia y supervisión en lo contable y administrativo para las Cámaras de Comercio, norma de carácter general e imperativo cumplimiento para el sistema de Cámaras de Comercio.

Con este procedimiento contable es posible distinguir las fuentes del patrimonio único de las Cámaras para efectos de identificar contablemente los recursos de origen público de los de origen privado, con lo cual será posible en todo tiempo la determinación del alcance de la vigilancia de la Contraloría sobre la gestión fiscal de las mismas,- no obstante su común destinación, tanto al pago de los costos propios de la Cámara como los asociados a los registros públicos delegados, como a los fines de contenido general y de interés mutuo tanto para el Estado como para las Cámaras de Comercio, como son la promoción y defensa de los intereses colectivos del empresariado y el comercio como elementos esenciales de nuestra economía de mercado, y de la prosperidad general.

Debe hacerse claridad de que no existe posibilidad de origen legal de considerar al interior de las Cámaras de Comercio asignaciones específicas, conexidad de clase alguna, ni compensaciones o reconocimientos con efectos patrimoniales directos o indirectos entre los recursos de origen público y los de origen privado que las mismas manejan conforme al modelo económico y jurídico definido por la ley, razón por la cual en las Cámaras de Comercio no puede existir daño patrimonial con ocasión de la destinación tanto de los dineros de origen público como privado de las Cámaras a todos sus gastos y funciones (Art, 91 del C. de Co. y Decretos 1259 de 1993 y 4698 de 2005), con ocasión de la autorización expresa con la cual cuentan las mismas para el efecto, independientemente de su origen público o privado, siempre que se efectúe dentro del marco normativo que reglamenta su funcionamiento y administración al formar parte de un mismo patrimonio.