Hoy, más que nunca, el mundo reclama del ejercicio empresarial mayor responsabilidad frente a la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y el respeto por las comunidades en las cuales las empresas desempeñan su labor. Los clientes, la sociedad en general e inversores exigen a las empresas ir más allá de la rentabilidad.
En 2018 Colombia dio un gran paso en esta materia, convirtiéndose en uno de los primeros países de la región en otorgarle reconocimiento legal, a las empresas que incorporaran un propósito social y ambiental en sus procesos. Me estoy refiriendo al modelo de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, más conocidas como empresas BIC, las cuales van más allá de la generación de valor económico.
Las sociedades BIC son el mejor ejemplo de cómo el sector privado incorpora exitosamente estrategias de sostenibilidad a sus modelos de negocio. Persiguen propósitos sociales, ambientales y económicos, garantizando su cumplimiento e implementando buenas prácticas en gobierno corporativo, asuntos laborales, ambientales y de relación con la comunidad.
Colombia cuenta actualmente con 2.511 Sociedades BIC, ubicadas en 250 municipios de 30 departamentos, de las cuales el 94% son MiPymes. De ellas el 58% hacen parte del sector servicios, el 15 % del sector manufacturero y el 13% del sector comercio.
Estas empresas expanden la diversidad en la composición de sus juntas directivas, alta gerencia, empleados y proveedores; con el fin de incluir personas de distintas culturas, minorías étnicas, capacidades físicas heterogéneas y diversidad de género. De igual, manera supervisan sus emisiones de gases efecto invernadero y trabajan progresivamente en el uso de energías renovables.
Estas buenas prácticas al final tienen múltiples beneficios para las empresas que han decidido asumirlas: mejoran su reputación, obtienen más oportunidades de inversión, atraen el talento humano, establecen lazos para fidelizar a sus clientes y proveedores. Adicionalmente las empresas BIC, promueven soluciones a la realidad de su actividad empresarial con las comunidades y el medio ambiente, logrando incluso crear redes que persiguen propósitos similares, generando un mayor impacto.
Importante es el papel que cumplen las Cámaras de Comercio del país en la implementación de esta figura en las diferentes regiones, el cual ha permitido que más empresas incorporen los principios de beneficio e interés colectivo a sus modelos de negocio. El trabajo articulado con la política pública ha permitido avanzar y generar resultados concretos que se miden no solo en beneficios económicos, que son absolutamente legítimos, sino también en oportunidades para el progreso del país.
Colombia necesita de más y mejores empresas comprometidas con la filosofía BIC; de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios que se la jueguen por la generación de oportunidades y el compromiso con la sostenibilidad. La gran noticia es que el país es referente en esta materia en la región, gracias al compromiso de su comunidad empresarial que jalona el desarrollo, invierte recursos y transforma sus procesos en beneficio de la sociedad.