La economía de Colombia, golpeada fuertemente por las restricciones por el impacto del covid–19, enfrenta hace 30 días un paro nacional que ha sido inmisericorde con los colombianos y ha generado pérdidas por más de $10,3 billones.
Son dramáticas las cifras que muestran la realidad de los empresarios, en su gran mayoría micros y pequeños, de todas las regiones del país, por cuenta de los bloqueos de las carreteras.
Una encuesta de las Cámaras de Comercio reveló que el 22,2% de los encuestados afirma que tuvo que suspender su operación, mientras que el 53,4% ha operado entre el 1% y 50% de su capacidad, el 94,3% indicó que sus ventas han disminuido desde el inicio de la situación de orden público y el 44,7% asegura que no ha podido recibir insumos para su operación.
Las pérdidas de empleos son incontables, lo que implica que miles de familias están perdiendo su sustento diario. Los bloqueos nada tienen que ver con la protesta pacífica y son una acción criminal que viola los derechos fundamentales de los colombianos.
Por eso no podemos llamarnos a engaños ni equivocarnos: las peticiones de quienes se han manifestado no tienen nada que ver con las acciones de quienes de manera criminal están poniendo en vilo la libertad y la vida de los ciudadanos, la atención en salud de la gente con el ataque a ambulancias e impedir que lleguen insumos a los hospitales, la libre movilidad y la destrucción de los bienes públicos y privados, mientras quieren doblegar al país con el miedo. Esto es algo que todo el país debe rechazar de manera tajante e inmediata.
Necesitamos hacer un gran diálogo nacional por los cauces legales y civilizados. Este diálogo debe conducir a generar mayor empleo, garantizar la perdurabilidad de las empresas, mayores oportunidades para la población joven y amortiguar la crisis ocasionada por la pandemia para que Colombia pueda seguir adelante y construir un mejor futuro con el impulso de todos sus habitantes, pero el tiempo para el diálogo se acaba y se vuelve ilegítimo cuando se realiza bajo extorsión y temor, por eso hemos pedido a la comunidad internacional que constate lo que está ocurriendo en nuestro país. Agotadas las posibilidades del diálogo solo resta la protección legítima de las personas por las fuerzas del orden.
Somos optimistas de que seremos capaces de superar esta crisis, en la medida en que haya compromiso de todos de aportar en las soluciones para no agravar esta espiral de violencia que quiere dejar tierra arrasada y nos hace mucho daño, pero sobre todo a la población vulnerable que es precisamente a la que se deben enfocar los programas de bienestar.
Invito a que aprovechemos esta oportunidad histórica para que como colombianos evolucionemos en las formas de entendernos y en cómo dar trámite a la demanda social, necesaria para crecer como sociedad.
La situación demanda respaldar a las instituciones y a quienes por ley nos garantizan los derechos mínimos vulnerados, a avanzar en la construcción de consensos y detener la destrucción de valor para frenar la caída al abismo al que nos están llevando quienes solo quieren sembrar caos y devastación.
Julián Domínguez Rivera
Presidente de Confecámaras y del Consejo Gremial Nacional