La seguridad es un bastión para la democracia y el desarrollo de un país. No existe mayor riesgo para la vida, la convivencia armónica, el crecimiento y el bienestar social que una nación sitiada por la delincuencia. Por ello, se ha vuelto urgente para Colombia enfrentar la cada vez más crítica problemática de inseguridad que padecen las regiones, un reto superlativo que demanda construir estrategias eficaces e integradas que involucren a los sectores público y privado.
En este marco, el Consejo Gremial Nacional se ha empleado a fondo en el tema. Quienes hacemos parte de este colectivo hemos venido contribuyendo al inventario, uno a uno, de los eventos que alteran la actividad de las empresas y de la comunidad donde actúan y hemos logrado transmitir en forma directa al Ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares y de Policía, las tragedias que se viven en los territorios y su gravedad para el bienestar colectivo y el empleo, sobre muertes de colaboradores de las empresas, amenazas a sus bienes, secuestros, extorsión y la sofisticación de como actúan los delincuentes, a veces amparándose ilegítimamente en minorías étnicas y en organizaciones de base.
El primer resultado es la puesta en marcha de mesas de trabajo territoriales para construir acciones con las autoridades nacionales, locales y la institucionalidad privada que permitan contrarrestar estos delitos.
Se ha sugerido que estas mesas de trabajo acojan el modelo de las comisiones de convivencia y seguridad ciudadana, que actúan en las regiones coordinadas por los comités intergremiales y en donde las Cámaras de Comercio han tenido un papel preponderante. Su gestión se enfoca en ser espacios intersectoriales para fortalecer las acciones de los organismos de seguridad, inteligencia y justicia, promover la continuidad de los planes de seguridad y convivencia por encima de relevos de los comandantes y hacer seguimiento a sus avances.
Se basan en ejes articuladores de trabajo, como el fortalecimiento de redes de comunicación entre las distintas fuerzas y de la infraestructura operativa, para alcanzar eficiencias de tiempo y recursos en el trabajo diario de las autoridades; la definición de los sitios más críticos y vulnerables para la presencia gubernamental y de centros de comando con presencia 24 horas de representantes de todas las fuerzas para un mayor trabajo en equipo; la operación de brigadas móviles; y la construcción de sistemas información sobre los delitos de mayor impacto, como hora de ocurrencia y móviles, cuyo análisis permita fortalecer las estrategias.
También, ajustes de la normatividad como, por ejemplo, en la tenencia y porte de armas de fuego o el control de horarios para el consumo de licor o ‘ley zanahoria’; la producción de manuales para comerciantes y empresarios que apoyen la prevención del secuestro; o el apoyo a los cuadrantes de seguridad para la lucha contra los robos que azotan a los ciudadanos en el transporte público, los barrios y en los restaurantes, delito que se ha incrementado en Bogotá.
Destaco también su aporte en un tema esencial y es el trabajo con adolescentes infractores a través de centros de formación que les permitan su resocialización y la construcción de nuevas oportunidades como ciudadanos de bien.
Con lo anterior y si se acoge este modelo se podrá avanzar en una mayor seguridad en las regiones con foco en el respeto a la vida y los bienes de sus habitantes, así como la protección de las actividades de pequeños y grandes productores y comerciantes, dentro de la Constitución y la ley, lo que es esencial garantizar en nuestro país. ¡Esperemos que funcione por el bien del país y sus habitantes!